La violencia contra las mujeres es un muy grave problema social, de derechos humanos y de salud pública que afecta a más de la mitad de las mujeres ecuatorianas. Según las estadísticas oficiales, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el país (INEC, 2011).

Reconociendo esta realidad, el Estado ecuatoriano ha avanzado en la promulgación de políticas relevantes, tales como la reciente Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) y su Reglamento. Así como en establecer su erradicación como política prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”. Además, Ecuador ha ratificado tanto la Convención contra toda forma de discriminación hacia la Mujer (CEDAW) como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se incluye el Objetivo 5 sobre la Igualdad de Género.

Pese a estos avances aún los desafíos son inmensos, para la implementación de medidas eficaces y enfocadas en la prevención de este flagelo.

Para lograrlo actor*s estatales, del sector privado y de la sociedad civil deben articularse y obtener conocimientos e instrumentos específicos para implementar medidas de prevención, de manera sostenible.

Ecuador contará con la asistencia técnica de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través de la ejecución del proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer), con el cual se aportará con instrumentos, estudios y conocimientos necesarios para elaborar, implementar y afianzar medidas de prevención.